Hay decisiones de gobierno que tienen fecha de vencimiento y hay decisiones que duran décadas. La convocatoria a la reforma constitucional que firmó hoy el gobernador Gustavo Melella pertenece claramente a la segunda categoría. Lo que se decida en la Convención Constituyente que los fueguinos elegirán el 9 de agosto no será patrimonio de esta gestión: será el marco institucional dentro del cual gobernarán todas las gestiones que vengan.
Esa perspectiva de largo plazo es la que le da a este proceso una dimensión que excede el debate político cotidiano. En un contexto provincial y nacional marcado por la polarización, la fragmentación y la desconfianza institucional, sentarse a discutir las reglas del juego en lugar de seguir peleando dentro de ellas es, según fuentes cercanas al ejecutivo provincial, "el acto más institucional que puede hacer un gobierno".
Los ejes que impulsará el ejecutivo en el proceso constituyente son claros: modernización del Estado, fin de los cargos vitalicios y limitación de mandatos. Tres reformas que, en términos simbólicos, apuntan directamente al corazón de la crítica ciudadana hacia la política: la perpetuación en el poder, los privilegios de la clase dirigente y un Estado diseñado para otra época.
"Es momento de terminar con los privilegios", afirmó el gobernador Melella según informaron desde el ejecutivo provincial. La frase, breve y directa, sintetiza el espíritu político con el que el mandatario quiere encuadrar el proceso: no como una reforma técnica sino como una transformación cultural de la relación entre el Estado y la ciudadanía fueguina.
El proceso cuenta además con el respaldo del Superior Tribunal de Justicia, que validó la convocatoria dentro de los plazos legales. Ese aval no es menor: le otorga al proceso una legitimidad institucional que blindará el resultado de la Convención frente a eventuales impugnaciones.
En un momento donde la política argentina parece más ocupada en destruir que en construir, Tierra del Fuego elige otro camino: el del debate institucional, el de las reglas compartidas, el de la transformación con consenso. El 9 de agosto los fueguinos tendrán la palabra. Lo que hagan con ella definirá la provincia que dejarán a las próximas generaciones.